Indicador de Sanciones Penales

Indicador de Sanciones Penales

​Fuente: Fiscalía General de la Nación – FGN 

Las sanciones penales son el castigo impuesto a una persona cuando ésta comete una conducta punible, es decir, una acción antijurídica, típica y culpable según los términos establecidos en la Ley 599 de 2000 (Código Penal). Este indicador presenta información acerca del castigo frente a delitos contra la administración pública asociados a la corrupción, de acuerdo con el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación (FGN). Dichos castigos incluyen la privación de la libertad y la imposición de multas de tipo pecuniario. El indicador de sanciones penales se construye con base en la información suministrada por la Dirección de Políticas Públicas de la Fiscalía General de Nación y expone aquellos relacionados con el orden económico social, con mecanismos de participación democrática y con la administración pública, consignados en los títulos X, XIV y XV del código penal colombiano respectivamente.  También son presentados los artículos a los que corresponden en más detalle tales delitos, para finalmente considerar el número de sanciones por Departamento. Todo esto para que sea posible analizar cuál es el delito con más frecuencia entre y según las categorías junto con su ubicación.  

La actualización del indicador de sanciones penales actualmente se calcula con una periodicidad de un año. Se espera que dicho indicador se calcule con una frecuencia mayor y que sea de manera semestral.

Para la Secretaría de Transparencia y para el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, es de gran importancia realizar este tipo de mediciones. Conforme al artículo 11, numeral 12 del Decreto 179 de 2019, es función de la Secretaría de Transparencia "Elaborar estudios, investigaciones, indicadores y demás instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción, y ejercer la administración, divulgación y funcionamiento del Sistema General de Información de Lucha Contra la Corrupción, el cual interpretará los diferentes sistemas de información y bases de datos con que cuenta el Estado, con el fin de generar alertas tempranas de corrupción".

 

Presentació​n de la Entid​​ad

Misión​​

La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y de extinción de dominio en el marco del derecho constitucional al debido proceso; participa en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de los delitos; y genera confianza en la ciudadanía.

Visión

En 2020, la Fiscalía General de la Nación será reconocida por su modelo de gerencia pública, su transparencia y su apoyo decidido a la paz. Habrá reducido significativamente la impunidad mediante el combate y desmantelamiento de las organizaciones criminales, la lucha contra la corrupción y sus aportes a la seguridad ciudadana, apoyada en tecnologías de punta y un talento humano al servicio de la gente.

Glosario

Es importante clasificar y categorizar que normas están relacionadas con la corrupción. Para ello, el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, por medio de un ejercicio teórico y normativo, estableció tres parámetros que permiten establecer si la norma vulnerada tiene relación o no con temas de corrupción. Estos tres parámetros se describen en la siguiente tabla: 


Variable

Sustento

Mal uso de poder para obtener provecho personal

Proviene de la definición de corrupción utilizada por el Observatorio de Transparencia. Se refiere a la realización de transacciones de tipo ilícito y secreto en el cual se busca un provecho personal en el ejercicio de responsabilidades conferidas en el trabajo.

Detrimento patrimonial

Se refiere a la existencia de un detrimento al patrimonio público (consistente en la pérdida o mal manejo de recursos del Estado), independientemente de la cuantía o el grado de afectación social que implique el mismo.

Perjuicio social significativo

Se refiere a la existencia de una afectación social considerable, es decir, un perjuicio al interés general causado por la conducta en cuestión.

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

En relación con las sanciones penales, se tuvieron en cuenta los siguientes títulos y capítulos del Código Penal Colombiano:

 

Título​

Capítulo

Artículo

Delito

Castigo

Título X.

Delitos contra el orden económico social.

Capítulo IV. Del contrabando.

319

Contrabando.

El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de cuatrocientos (400) a dos mil doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados.

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se impondrá una pena de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados.

321

Fraude aduanero.

El que declare tributos aduaneros por un valor inferior al que por ley le corresponde, en una cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa equivalente a veinte (20) veces lo dejado de declarar por concepto de tributos aduaneros.

322

Favorecimiento por servidor público.

Cuando el valor de la mercancía involucrada sea inferior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en multa de cuatrocientos (400) a dos mil doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero de los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses.

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se impondrá una pena de prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

322-1

Favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados.

Cuando la cantidad de los hidrocarburos o sus derivados sea inferior a los veinte (20) galones, incurrirá en multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero de los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses.

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor supere los veinte (20) galones de hidrocarburos o sus derivados, se impondrá una pena de prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a doscientos veinticinco (225) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

Capítulo V. Del lavado de activos.

323

Lavado de activos.

Incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

326

Testaferrato.

Incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.

327

Enriquecimiento ilícito de particulares.

Incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Título XIV.

Delitos contra mecanismos de participación democrática.

Capítulo único. De la violación al ejercicio de mecanismos de participación democrática.

386

Perturbación del certamen democrático.

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años. La pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años cuando la conducta se realice por medio de violencia.

387

Constreñimiento al sufragante.

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

388

Fraude al sufragante.

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

389

Fraude en inscripción de cédulas.

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

390

Corrupción de sufragante.

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

391

Voto fraudulento.

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

392

Favorecimiento de voto fraudulento.

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

394

Alteración de resultados electorales.

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor.

395

Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula.

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor.

Título XV.

Delitos contra la administración pública.

Capítulo I. Del peculado.

397

Peculado por apropiación.

Incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

403A

Fraude de subvenciones.

Incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.

Capítulo II. De la concusión.

404

Concusión

Incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

Capítulo III. Del cohecho.

405

Cohecho propio.

Incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

406

Cohecho impropio.

Incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

407

Cohecho por dar u ofrecer.

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

Capítulo IV. De la celebración indebida de contratos.

408

Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

Incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.

409

Interés indebido en la celebración de contratos.

Incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.

410

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.

410A

Acuerdos restrictivos de la competencia.

Incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

Capítulo V. Del tráfico de influencias.

411

Tráfico de influencias de servidor público.

Incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales  mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

411A

Tráfico de influencias de particular.

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Capítulo VI. Del enriquecimiento ilícito.

412

 

Enriquecimiento ilícito.

Incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses.

Capítulo VII. Del prevaricato.

413

Prevaricato por acción.

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

Capítulo XI. De la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública.

433

Soborno transnacional.

Incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Fuente: Código Penal Disciplinario.

 

Análisis p​or título​s: 

El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción identificó 1229 sanciones penales vinculados a delitos asociados con corrupción, correspondientes a los siguientes títulos del Código Penal Colombiano: 

  • Título X - Delitos contra el Orden Económico y Social,
  • Título XIV - Delitos contra los Mecanismos de Participación Democrática
  • Título XV - Delitos contra la Administración Pública

De las 1229 sanciones impuestas en el año 2019, el 86.2% (correspondiente a 1060 sanciones) están relacionados con delitos contra la administración pública, seguido del 11.9% (equivalente a 146 sanciones) asociado a delitos contra el orden económico social y el remanente vinculado con delitos contra mecanismos de participación democrática, de un 1.9% (proporcional a 23 sanciones).​


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 Fuente: Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA, de la Fiscalía General de la Nación


Sanciones por delitos contra la admini​stración pública:​ 

Las sanciones por casos de corrupción, según el título XV - Delitos contra la Administración Pública, se presentan mayoritariamente frente a los delitos tipificados en Capítulo III. Del cohecho, art. 407 Cohecho por dar u ofrecer, con un 28.9% y un total de 269 sanciones; le sigue del Capítulo I. Del peculado, art. 397 Peculado por apropiación, con un 16.2%; y como tercer principal delito en Capítulo II. De la concusión, art. 404 Concusión, con una participación del 11.7%.

Sanciones por delitos contra la Administracion Publica.png

Fuente: Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA, de la Fiscalía General de la Nación.

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Fuente: Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA, de la Fiscalía General de la Nación.

 

Sanciones por delitos contra ord​​​en económico-soci​​al: 

Las sanciones por delitos según título X: el Orden Económico y Social, están concentrados frente a los delitos tipificados en Capítulo V. Del Lavado de activos, art. 327 Enriquecimiento ilícito de particulares mayor y menor a 100 SMLM con un 79.2 % y un 9.4% respectivamente. Los demás se encuentran igualados con un 3.8%, frente a los delitos  tipificados en Capítulo IV. Del contrabando, art. 321 Fraude aduanero; art. 322 Favorecimiento por servidor público; y art. 322-1 Favorecimiento por servidor público de contrabando, de hidrocarburos o sus derivados.

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Sanciones por delitos contra el Orden Economico y Social.png

Sanciones por delitos contra el Orden Economico y Social 2.png

Fuente: Sistema Penal Oral Ac​​​usatorio – SPOA, de la Fiscalía General de la Nación.​

 

Sanciones por delitos contra los mecanis​​mos de participación democr​​ática: 

Finalmente las sanciones por casos de corrupción, según el título XIV - Delitos contra los mecanismos de participación democrática, se presentan mayoritariamente frente a los delitos tipificados en Capítulo Ún​ico. De la violación al ejercicio de mecanismos de participación democrática, art. 390 Corrupción sufragante, con un 47.6% y un total de 10 sanciones; seguido del art. 387 Constreñimiento al sufragante, con 3 sanciones y un 14.3%; Y como tercer principal delito, art. 389 Fraude en inscripción de cédulas y art. 391 Voto fraudulento, ambos representando un 9.5% y de 2 sanciones.


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Fuente: Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA, de la Fiscalía General de la Nación.


​ Sanciones por delitos contra los Mecanismos de Participacion Democratica 2.png

Sanciones por delitos contra los Mecanismos de Participacion Democratica 3.png

Fuente: Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA, de la Fiscalía Gene​ral de la Nación.


Metodología de Cálculo

En primer lugar, la Fiscalía General de la Nación le entrega a la Secretaria de Transparencia la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA relacionando únicamente los Títulos “X - Delitos contra el orden económico social", “XIV - Delitos contra mecanismos de participación democrática" y “XV - Delitos contra la administración pública". En esta base de datos, la Fiscalía relaciona únicamente procesos penales que ya han tenido un fallo judicial. En ese sentido, entre los tipos de sentencias que allí se señalan, el Observatorio analiza únicamente aquellos procesos penales en los cuales la sentencia es condenatoria o sancionatoria.

En segundo lugar, se tienen en cuenta los delitos que están estrictamente relacionados con la corrupción. El Observatorio, como se presenta previamente, realizó un ejercicio riguroso de definir 3 criterios que permitieran identificar qué delitos se podían tener en cuenta en el análisis o no. Luego de esta verificación, se tomaron en cuenta los 32 delitos descritos en la tabla anterior, que son aquellos que cuentan con al menos 2 de los 3 criterios. Es importante anotar que se excluyeron los delitos relacionados con los artículos de “Omisión del agente retenedor" y “Violencia contra servidor público", que a pesar de que se encuentran en el título XV, no están estrictamente relacionados con actos de corrupción.​

Finalmente, se organizan y enumeran las variables de “ID_CASO", “TÍTULO", “ARTÍCULO" así como la unión entre las variables “ID_CASO" y “ARTÍCULO". Con base en estos filtros, se elaboran los siguientes contadores: total sanciones, sanciones por título, sanciones por artículo y sanciones por título – artículo. De este modo, una vez obtenido el contexto general de las sanciones penales, estas se empiezan a calcular de manera desagregada teniendo en cuenta las variables “TITULO – CAPITULO", “CAPITULO – ARTICULO", “FECHA DE LA SENTENCIA" y “LUGAR DE LA SENTENCIA". Con base en esta última variable, es que se puede publicar un análisis georreferenciado de las sanciones penales. 


Bases de datos en formato abier​to