Análisis del acompañamiento en materia de ​Control Social

Análisis del acompañamiento en materia de ​Control Social

​​​​​Para avanzar en la consolidación de la participación ciudadana, el Decreto 1784 de 2019 por medio del cual se modificó la estructura el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), estableció las funciones de la Secretaría de Transparencia. Entre las cuales se encuentran las siguientes: 

“4. Asesorar al Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del Departamento en la coordinación e implementación de mecanismos para fomentar la rendición de cuentas por parte de las entidades de la Administración Pública, y en la promoción de mecanismos de participación".

“16. Orientar en coordinaci​ón con las demás entidades competentes, el diseño y ejecución de estrategias culturales, campañas pedagógicas y de comunicaciones encaminadas a promover la legalidad, la integridad, la ética, los valores, el control social y el cuidado de los recursos públicos".

Para estos  fines la Secretaría de Transparencia cuenta con un equipo territorial que, por medio de procesos de asistencia técnica a entidades públicas y del trabajo con ciudadanía, trabaja en el diseño e implementación de metodologías de formación y promoción del Control Social y la Cultura de la Integridad para el fortalecimiento de esta importante medida preventiva de la corrupción.  

Análisis en materia ​de Control Social

El control social a la gestión pública es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia (Art. 40) donde se establece el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, la participación ciudadana, para la vigilancia y control de la gestión pública y sus resultados. En consecuencia, es una obligación del Estado promover, proteger y garantizar su ejercicio, sin detrimento de la autonomía e independencia de las organizaciones ciudadanas. De esta manera, el control social es una modalidad de la participación ciudadana, con dos contenidos o alcances: control y vigilancia.

  • El control se refiere al derecho y deber ciudadano de incidir positivamente sobre la administración pública, corrigiendo fallos, alertando sobre posibles irregularidades con el fin de que se consolide la democracia y se cumplan los fines del Estado.
  • La vigilancia ciudadana comprende acciones de seguimiento y de evaluación de las actividades de la autoridad pública.

Para esto, la Secretaría de Transparencia ha venido realizando ejercicios de formación y sensibilización en mecanismos de participación ciudadana y control social con la ciudadanía de diferentes regiones. Para efectos de lo anterior, partimos de la elaboración de una metodología teórica basada en elementos de la Investigación Acción Participativa (IAP) que permite:

  • Empoderar y motivar a los habitantes de las regiones.
  • Proporcionar herramientas para promover el cambio social.
  • Aplicar elementos del aprendizaje significativo que ponderan la exploración, reflexión y creación, sobre la comprensión de conceptos.
  • Elaborar y socializar productos tangibles que demuestren la importancia de los mecanismos de participación ciudadana y el ejercicio del control social en los territorios.

Durante este proceso de formación y sensibilización se utiliza el aprendizaje basado en proyectos (ABP), que surge como una manera de aprender haciendo. Bajo esta premisa se fomenta, por ejemplo, la creación de una veeduría, la redacción de un derecho de petición u otro mecanismo de control social, para que el ciudadano al ser protagonista del proceso de cuidado de lo público, pueda reconocer la importancia y los alcances del control social y la participación ciudadana.

Conforme a lo anterior, las actividades de sensibilización desarrolladas por la Secretaría de Transparencia, buscan  fortalecer capacidades en los habitantes de una región para que, a través de la vigilancia a la gestión pública, a la correcta inversión de los recursos públicos y a la correcta gestión del servicio a la comunidad, se materialice la participación activa de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional y con ello la posibilidad de incidir y modificar las dinámicas de corrupción predominantes.

A continuación, se explican brevemente las estrategias que la Secretaría implementó en el 2019 y que viene implementando para la vigencia 2020: 

 

Estrategia

DescripciónAño de descripción
Formación en control social con enfoque étnico y de Derechos Humanos.

Se implementó la metodología de formación en control social con enfoque étnico en 8 departamentos (Putumayo, Huila, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Norte de Santander, Casanare)  trabajando en la ciudad capital y dos municipios priorizados formando ciudadanos de 24 territorios. Además, se trabajó con las alcaldías de dichos territorios en la apropiación de capacidades para la rendición de cuentas con criterios diferenciales.

 

Se implementó la metodología de formación en control social para la vivencia de los Derechos Humanos en 5 departamentos del país.

 

Se diseñaron cartillas de rendición de cuentas para instituciones educativas y organizaciones sociales.

2019
Estrategia territorial 2020: componente de rendición de control social y rendición de cuentas con criterios diferenciales.

En el marco de la Estrategia Territorial 2020 de la Secretaría de Transparencia que fortaleció capacidades para la prevención de la corrupción, se trabajó con las 18 gobernaciones y las 11 alcaldías priorizadas un componente de control social y rendición de cuentas.

En esa medida, por medio de la asistencia técnica se formaron funcionarios públicos en participación ciudadana, rendición de cuentas con criterios diferenciales y control social. Además, se acompañó el diseño e implementación de planes de trabajo para que desde estas entidades se desarrollen acciones de formación en estos temas a veedores ciudadanos, juntas de acción comunal, líderes comunitarios y demás actores.

Finalmente se emitieron recomendaciones para el cumplimiento de las responsabilidades que las entidades adquieren en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

2020

                                                                                           

En el periodo transcurrido entre 2019 y 2020, se han alcanzado logros importantes frente a la promoción y el ejercicio del control social, tanto en entidades públicas como en la ciudadanía. A continuación, algunos de los resultados:   

  • Trabajamos en el 2019 en 13 departamentos alcanzando un aproximado de 1200 ciudadanos formados en control social, mecanismos jurídicos para la lucha contra la corrupción y petición de cuentas.
  • Acompañamos durante 2019 y 2020 el proceso de formación de los participantes en la Simulación de las Naciones Unidas liderado por la Secretaría de Educación de Bogotá. En este formamos jóvenes personeros estudiantes y contralores estudiantes en control social, integridad y rendición de cuentas.
  • Trabajamos en el 2020 mediante la estrategia territorial de manera conjunta con 18 gobernaciones y 11 alcaldías acciones que permitan el fortalecimiento del control social, la participación ciudadana, la rendición de cuentas con criterios diferenciales y la cultura de la integridad.
  • Trabajamos durante 2020 temas de control social en las siguientes entidades: Secretaría de Gobierno de Bogotá, Policía de Bogotá, Ministerio del Trabajo, ESAP, El programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá, El servicio público de empleo y la Simulación de Naciones Unidas de la Secretaría de Educación de Bogotá. En estos procesos se han formado 732 personas en control social y participación ciudadana.
  • Fortalecimos el componente preventivo de las Comisiones Regionales de Moralización realizando talleres de formación en control social.​
  • Fomentamos la creación de nuevos liderazgos contrarrestando la burocratización del ejercicio del control social, especialmente con jóvenes haciendo énfasis en los Contralores Estudiantiles.
  • Llegamos a municipios de postconflicto, mediante la descentralización del ejercicio del control social.
  • Logramos comprometer a las Juntas de Acción Comunal en la realización de procesos de rendición de cuentas.