​​Análisis de las denuncias por casos de corrupción

​​Análisis de las denuncias por casos de corrupción

​​Actualizado a Diciembre de 2019

Fuente: Secretaría de Transparencia


El Grupo de Revisión y Análisis de Peticiones, Denuncias y Reclamos de Corrupción – GRAP, es el equipo de la Secretaría de Transparencia encargado de recibir, sistematizar, analizar y gestionar la información recibida a través de peticiones, quejas y reportes por posibles hechos de corrupción con sustento en lo previsto en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1784 de 2019. 

En la base de datos que alimenta el GRAP, se consignan una serie de variables que aluden al: tipo de denunciante, tipo irregularidad, alusión a temas de contratación, etapas contractuales, tipos de contratos, nivel territorial de la denuncia, entre otros. De acuerdo a lo anterior, entre los años 2014 y 2019, se recibieron y gestionaron en la Secretaría de Transparencia un total de 35.421 denuncias por presuntos hechos de corrupción. Este universo constituye la muestra de esta medición y de las reflexiones que se condensan a continuación. 

En todo caso, es importante precisar que las cifras que se presentan en este documento se limitan a los reportes por posibles hechos de corrupción que han sido recibidos por un grupo al interior de la Secretaría de Transparencia, por lo que no se trata de un análisis total del fenómeno de la corrupción, ni de los reportes o denuncias que (por ejemplo) se tramitan a diario en los organismos de control. Tampoco se aludirá a la investigación ni a la sanción, competencias- que por disposición legal- no han sido atribuidas a la Secretaría de Transparencia. 

No obstante, a partir de la categorización de reportes recibidos en el GRAP, se identificarán tendencias claves para entender el funcionamiento de las dinámicas de corrupción en el país, al tiempo que pueden ser un insumo valioso para generar alertas tempranas, estrategias y políticas públicas eficientes.  

En suma, este análisis presenta indicadores y puntos focales que pueden ser tenidos en cuenta por la ciudadanía, los entes de control y los ordenadores del gasto para prevenir, combatir e implementar buenas prácticas para combatir el fenómeno de la corrupción y la impunidad. Finalmente, los datos detallados del presente análisis se pueden consultar en la base de datos adjunta. 

 

1. Histórico de las denuncias recibidas

Entre enero del 2014 y diciembre de 2019, el GRAP ha recibido un total de 35.421 comunicaciones, de las cuales 13.959 corresponden a reportes por casos de corrupción, representando así un 28% del total de las comunicaciones recibidas.



Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.


Se observa que el número total de reportes alcanzó su mayor valor en el año 2017. Para el 2019 se observa una disminución de reportes del 22%, respecto a lo recibido en el año inmediatamente anterior. 

 

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.


2. Tipo de den​unciante 

De estos 13.959 reportes por posibles hechos de corrupción, el 56% han sido presentadas por ciudadanos, el 24% por el sector privado (entendiendo por esto Gremios y/o Empresas), el 12% por la Sociedad Civil Organizada y el 8% por el Gobierno Nacional. Estos datos muestran que el primer tipo de reportante que acude a la Secretaría de Transparencia es el ciudadano.

 

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

Lo anterior da forma a la idea de un control social creciente que se materializa en el reporte como mecanismo para contener las prácticas indebidas. Además, esta prevalencia del reporte ciudadano es un indicio de: 1. El debilitamiento progresivo de la pasividad, aceptación y resignación frente a la corrupción como elemento estructural al funcionamiento social, 2. la puesta en obra y eficacia de mecanismos de denuncia y reporte, con canales accesibles a la ciudadanía para la radicación de comunicaciones con posibles hechos de corrupción. 3. La legitimidad de los organismos encargados de recibir los reportes, como interlocutores válidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

El importante número de reportes recibidos por parte del sector privado, es un indicador de la existencia de confianza en las instituciones facultadas para conocer de posibles hechos de corrupción. 

Se debe resaltar el porcentaje de reportes (12%) presentados por la sociedad civil organizada, especialmente por las Veedurías Ciudadanas. El hecho de que la ciudadanía se agrupe y decida actuar de manera organizada en contra de las prácticas indebidas, da cuenta del crecimiento de la cultura que propicia la accountability.


3. Desagregación territorial 

De acuerdo con el origen o procedencia de los reportes, se puede observar que las 5 primeras entidades territoriales con más reportes por posibles hechos de corrupción son Bogotá, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Antioquia que, conjuntamente, suman el 32,52% de los reportes recibidos. Los departamentos con menos denuncias de corrupción son Guainía, San Andrés, Guaviare, Amazonas.

 

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

La información presentada en esta tabla debe ser tomada como un indicador sin que dé cuenta precisa de la distribución de prácticas de corrupción en el territorio nacional. Por ejemplo, los departamentos que presentan mayores cifras son aquellos donde la presencia estatal es más fuerte, donde el acceso a la información es mayor y donde los canales de denuncias son más difundidos y de fácil acceso. Por otra parte, los departamentos en que se reporta una menor cantidad de denuncias, no necesariamente existe menos corrupción. 

Frente a los bajos índices de reportes que se presentan en territorios en los que frecuentemente se presentan escándalos por hechos de corrupción, se requiere avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos que permiten a los ciudadanos denunciar. También en la implementación de la cultura del control social y la rendición de cuentas.

 

4. Conclusiones​

  • ​La información que recibe la Secretaría de Transparencia y que sistematiza y analiza el GRAP sirve para generar alertas sobre temas asociados a los reportes sobre corrupción. Dichos reportes son un indicador importante sobre las prácticas indebidas, aunque no dan cuenta del número efectivo de reportes y denuncias que se presentan en los organismos de control y menos del número de condenas que se profieren por tales hechos. 
  • Se requiere avanzar en articular esfuerzos con organismos de control y generar indicadores sobre denuncia y sanción. Solo un trabajo conjunto de ingeniería de datos podrá constituir un insumo eficiente para formular políticas públicas para luchar contra la corrupción de manera efectiva. 
  • Es evidente que la cantidad de reportes dan cuenta de la visibilidad creciente del fenómeno, de la importancia de la denuncia y de la expansión progresiva de los canales para interponerla. Además, el análisis muestra la importancia que a este fenómeno conceden los ciudadanos y la sociedad civil que hace el mayor número de reportes que se reciben a diario en la Secretaría de Transparencia. Así, el rol sustancial que en la lucha contra el fenómeno desempeñan las veedurías ciudadanas es evidente, por lo cual el trabajo articulado con las mismas es clave para hacer efectivo el combate contra los hechos de corrupción. También es importante que se fortalezca al interior del aparato estatal- en todos los niveles del gobierno- la cultura de transparencia, la probidad, la legalidad y la importancia del acto de la denuncia. 
  • El análisis presentado muestra que aún se debe trabajar para aprovechar y fortalecer los mecanismos de control y denuncia y hacerlos accesibles a la población civil, en todo el territorio nacional. 
  • Los datos analizados muestran que existen sectores que son altamente propicios para prácticas de corrupción. Generar alertas tempranas en casos puntuales relacionados con estos sectores y el trabajo articulado con organismos de control es clave para contener hechos de corrupción. 
  • Finalmente, aunque la Secretaría de Transparencia seguirá- desde el marco de sus competencias de ley- promoviendo la lucha frontal contra el fenómeno de la corrupción, solo la promoción de buenas prácticas, la articulación interinstitucional y la promoción de la cultura de la probidad y de la rendición de cuentas podrá disminuir las prácticas indebidas, hacerlas visibles y, en suma, disminuir la morosidad judicial.